Mujeres con discapacidad, una lucha invisibilizada

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Por Luis Eduardo Martínez

Los medios masivos no recogen su voz, rara vez los independientes. El colectivo de mujeres con discapacidad (MCD) suele quedar solapado en el marco de las gestas reivindicatorias por los derechos de las mujeres, aunque se encuentren doblemente expuestas a las violencias, a los abusos, a la pobreza, a las barreras laborales y educativas, a la prepotencia de los imperativos médicos, a la falta de accesibilidad. Y si la discapacidad se encuentra asociada a una condición intelectual o neurológica, los índices de vulnerabilidad se disparan dramáticamente.
Es por ello que las militantes con discapacidad de todo el mundo trabajan por un feminismo interseccional que se haga eco de sus necesidades y reivindicaciones.
El término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw, profesora norteamericana de Derecho especializada en etnia y género y activista feminista en el año 1989. Con el concepto de interseccionalidad, Crensahw buscó representar la situación específica de aquellas identidades que están atravesadas por más de una forma de marginalización.
Con motivo del reciente Paro Internacional de Mujeres, la federación Dincat, que agrupa 300 entidades sociales y representa a 30.000 personas con discapacidad intelectual en Cataluña, denunció que el colectivo de MCD “sufre una tasa de desempleo más elevada, salarios inferiores, mayores carencias educativas y un riesgo más elevado de sufrir abuso sexual y físico” (5 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de victimización sexual), ya sean tocamientos o relaciones sexuales no deseadas con penetración, y se encuentran con muchos obstáculos a la hora de encontrar recursos adecuados que den respuesta a sus necesidades, como obstáculos para acceder a la justicia, incredulidad y sospechas en relación a sus testimonios. A esto hay que sumar que desconocen lo que significa el abuso y no son conscientes de sus derechos”. La situación es similar en todo el mundo.
Como bien lo señala en un artículo de Dincat Andrea García-Santesmases Fernández (Licenciada en Sociología y en Antropología Social y Cultural), “El modelo médico-rehabilitador que continúa vigente en la concepción social de la diversidad funcional es una forma de violencia porque marca esta diferencia como un déficit, una falla intrínseca al sujeto “discapacitado”. En el caso de las mujeres, esta violencia se conjuga con la ejercida por el sistema patriarcal y se materializa en procesos como la trasgresión de sus derechos sexuales y reproductivos (desinformación sobre anticoncepción, esterilización forzosa, abortos coercitivos, etc.) o la estigmatización de sus cuerpos.” “Las mujeres estamos sometidas a los dictados de una sociedad patriarcal que nos oprime porque nos marca como inferiores, devaluando todo lo que culturalmente se considera “femenino”. Las mujeres con diversidad funcional tienen que sumar a esta carga los prejuicios de una sociedad capacitista, que considera la diversidad funcional una “tragedia personal” (una situación personal indefectiblemente indeseable y dolorosa).”
Es precisamente el daño producido socialmente hacia la propia imagen corporal y la estima personal de las MCD, una violencia que las expone potencialmente, ya que, víctimas del aislamiento, los prejuicios y la exclusión, quedan varadas en una zona marginal sin representación o contención. Incluso se ven aisladas dentro de los propios colectivos de mujeres y con ello de la posibilidad de acceder y conocer sus derechos o capacitarse en prevención.
La sociedad impone una tiránica relación entre funcionalidad, capacitismo, rendimiento, velocidad y parámetros de belleza sobre los cuerpos diversos. Todas las experiencias y expectativas que las MCD van tejiendo a lo largo de su vida, quedan impregnadas en función de los postulados de aceptación y realización impuestos desde afuera por un modelo cruel y alienante.
A la baja autoestima debemos sumar los siguientes factores que incrementan las posibilidades de ser víctimas de abusos y violencias:

– La creencia de que las personas con discapacidad no tienen vida sexual y por ello no tiene sentido incluirlos en los programas educativos de información y prevención.
– El hecho de contar con menos recursos para defenderse físicamente.
– Tener mayores dificultades para expresar el maltrato debido a problemas de comunicación.
– La dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente debido a la existencia de todo tipo de barreras arquitectónicas y de comunicación.
– El enfrentamiento entre los papeles tradicionales asignados a la condición de mujer y la negación de éstos mismos en la mujer con discapacidad.
– Mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros.
– Miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provisión de cuidados.
– Menor credibilidad a la hora de denunciar hechos de este tipo ante algunos estamentos sociales.
– Vivir frecuentemente en entornos que favorecen la violencia: entornos desestructurados, instituciones, residencias y hospitales.
– Las mujeres que sufren violencias y abusos más severos, frecuentes y sostenidos en el tiempos son aquellas que tienen una discapacidad múltiple, trastornos severos del neurodesarrollo, de comunicación y aquellas que adquirieron su discapacidad desde el nacimiento.
Ante la falta de apoyos y oportunidades brindados por la sociedad, la dependencia de otros promueve un escenario de vulnerabilidad para que se abuse de ellas por más tiempo y por parte de una variedad más amplia de personas: proveedores de atención médica, extraños o cuidadores, además de cónyuges y familiares.
Por otra parte, las barreras de accesibilidad y comunicación generan múltiples condiciones que dificultan los procesos de denuncia y detección de las violencias y el abuso sexual.
Para poder revertirlo, las comunidades deben convertirse en ámbitos de resguardo y eco de las necesidades de las MCD. Y para ello es necesario desmantelar prejuicios y barreras y comprender profundamente los factores socioculturales específicos que favorecen estas violencias, de las que todxs somos responsables.
Por eso exigimos que los procesos de inclusión se llevan a cabo desde edades tempranas, promoviendo mayores vínculos y oportunidades para que las niñas y niños con discapacidad accedan plenamente a los servicios educativos y de salud, ya que son espacios de gran potencial para la detección y prevención de abuso y violencias.
Sin el colectivo de MCD en las agendas de DD.HH. y Género, las conquistas serán a medias.

Luis Eduardo Martínez