Marco Normativo para la inclusión escolar

En la Argentina la ley ampara el derecho a la educación inclusiva a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obtuvo rango constitucional en 2008 y que asegura un sistema integral en todos los niveles de enseñanza. Además, si bien la Ley de Educación Nacional separa la modalidad común de la especial, aclara que se “rige por el principio de inclusión educativa”, a partir de una propuesta pedagógica para las personas con discapacidad que les permita integrarse y desarrollar el máximo de sus posibilidades. A su vez, la ley 24.901 de prestaciones básicas y atención integral contempla el derecho a que los niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tengan una maestra integradora que los asista en la escuela. La cobertura recae sobre la prepaga u obra social de cada chico, conforme al nomenclador nacional. Esto significa que las escuelas regulares no deben afrontar ningún costo extra para poder incluir en sus instituciones a las especialistas que auxilian a los niños con esta condición. Entre los avances más recientes también se destaca la aprobación de la Resolución 311 que fue aprobada el año pasado y que permitió un criterio unificado entre todas las provincias sobre cómo hacer una titulación y certificación de un alumno con discapacidad. Si un niño está inscripto en una escuela regular, por más que posea un proyecto pedagógico individual distinto al de los otros compañeros, e incluso vaya a contraturno a una escuela especial, lo va a calificar, promover y acreditar la institución a la que asiste. Cristina Lovari, coordinadora de Educación Especial Nacional explicó que aún falta mucho y hay varias cuestiones en donde las familias de niños con discapacidad encuentran grandes obstáculos, o los docentes incluso manifiestan dificultades. “Pero estamos en un proceso de mejora y los marcos normativos han permitido que cada vez más tengamos un sistema de educación más inclusivo”, dijo. Y agregó: “El objetivo no es eliminar las escuelas especiales, sino que que los padres ejerzan el derecho de optar por la mejor trayectoria educativa que consideren para sus hijos”.
Sin embargo, el 55% de los chicos con discapacidad no están integrados en la educación común. Según datos oficiales, la cantidad de estos niños en el país que asisten a escuelas regulares descendió cuatro puntos porcentuales desde 2014 hasta 2015. La realidad es que las trabas también residen en lo clave: ¿cómo hace un niño con discapacidad sin cobertura médica y con una maestra integradora cada 15 días en el aula para ser integrado a una escuela común? Falta mucho y el Estado todavía tiene que dar respuestas. Hay niños que no pueden ejercer su derecho a la inclusión. (la nación)

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